Cuba, 17 de mayo de 2022· El Régimen cubano continúa con la escalada de hostigamiento al periodismo independiente. En esta ocasión, a través de un nuevo Código Penal que criminaliza la libertad de expresión, ataca el trabajo de la prensa y atenta contra principios básicos en el marco de Derechos Humanos y Estándares Internacionales.
Entre los temas más preocupantes se encuentra la tipificación de una figura penal que restringe el financiamiento de actividades consideradas “contrarrevolucionarias, subversivas o cualquier otra que no esté legalmente establecida, a través de sujetos que la realizan en nombre de un gobierno, organizaciones de carácter internacional, no gubernamentales u otras”.
El artículo 143 del proyecto dice: “Quien, por sí, o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
La protesta social también será asfixiada con el nuevo Código Penal, mediante el establecimiento de delitos que atentan contra el orden público. Esta medida toma como antecedente y se remonta a las protestas del #11J.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) detectó 37 nuevos delitos que afectan las libertades y que se encuentran en el Capítulo V, titulado ‘Otros Actos Contra la Seguridad del Estado’. Se incluyen figuras como «desórdenes públicos» o «alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente», que son una amenaza para quienes deseen ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente. También, establece la aplicación de la pena de muerte, con carácter excepcional, en el caso de 23 tipos penales y la sanción máxima de cadena perpetua.
El nuevo cuerpo legal contempla hasta cinco años de cárcel para quien “insulte o agreda a un agente o un civil que esté cumpliendo su deber ciudadano” y al tiempo retira las responsabilidad a los uniformados que cometan delitos “en cumplimiento de un deber”.
Asimismo, podría recibir entre 10 y 30 años, incluso la pena de muerte, “quien proporcione información a organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, formas asociativas o cualquier persona natural o jurídica que no esté autorizada por el Gobierno”. Otro de los castigos será a quien “incite” contra el orden socialista, que será encarcelado de dos a cinco años y 10 años adicionales si se usan medios de comunicación para hacerlo.
El Comité para la Protección de Periodistas manifestó su profunda preocupación respecto a la aprobación de este Código Penal. Según expertos, la restricción de financiamiento podría ser utilizada también para silenciar a los periodistas y medios independientes.
“El nuevo Código Penal es una vuelta de tuerca en la criminalización de la libertad de expresión y prensa de la pujante sociedad civil cubana y del periodismo independiente. Es totalmente liberticida», aseguró el director general del ICLEP, Normando Hernández.
El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manifestó a través de su cuenta de Twitter, que “Cuba sigue el firme propósito de fortalecer su condición de Estado socialista de derecho”, con la aprobación de la Ley del Código Penal, documento que entrará en vigor en 90 días.
#Cuba sigue el firme propósito de fortalecer su condición de Estado socialista de derecho. Este domingo fue histórico con la aprobación de la Ley del Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. #CubaLegisla pic.twitter.com/cOgor6FXhK
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 16, 2022
Fundamedios condena el nuevo Código Penal cubano, una herramienta inminente para restringir la libertad de expresión, mediante la limitación de recursos económicos para periodistas y medios independientes encargados de informar en la Isla. Asimismo, recordamos las recomendaciones de la CorteIDH contra el uso del sistema penal para perseguir el trabajo periodístico.