La represión del régimen de Nicolás Maduro contra la prensa venezolana arrecia y se manifiesta de múltiples formas. A medida que la comunidad internacional va cerrando filas en contra de las violaciones a los Derechos Humanos del chavismo, las prácticas de censura se manifiestan en todo nivel.  Organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) y Espacio Público acusan al gobierno de Nicolás Maduro de violar continuamente la libertad de expresión mediante el cierre de medios, la censura y las restricciones para la entrega de papel periódico, que monopoliza el Estado.

El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine fue detenido por 36 horas, sin orden de arresto, la tarde del 29 de agosto por funcionarios del Sebin en la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas. Por su fotoreportaje, “El paraíso de Tocorón”, una de las más violentas y sobrepobladas cárceles de Venezuela, publicado por el portal Dólar Today, Medina denunció torturas y amenazas y debió huir a Colombia en el 2017.

En septiembre, uno de los eventos más alarmantes fue la detención arbitraria de tres periodistas extranjeros detenidos por militares venezolanos en la localidad de Paraguachón, fronteriza con Colombia.

Laura Saravia, argentina; Barnaby Green y Dan Rivers, británicos, fueron apresados cuando salían del país luego de haber estado en Venezuela durante tres días haciendo reportajes sobre turismo. Green y Rivers prestan servicios a la televisora británica Independent Television News (ITN). Saravia tiene una larga trayectoria que incluye empresas como: BBC, NBC y Televisa.

Tras ocho horas, presos e incomunicados fueron liberados. El SNTP denunció que también fueron arrestadas tres personas contratadas para la seguridad de los reporteros y que fueron llevadas a la sede del servicio de inteligencia en Maracaibo.

En el estado Amazonas la Guardia Nacional Bolivariana detuvo al equipo de El Nacional Web durante más de 4 horas, cuando el sábado 8 de septiembre se dirigía a Puerto Ayacucho. El periodista Carlos Julio Rojas también fue detenido por funcionarios de la Policía de Caracas.

Nelson Bocaranda, periodista y director del portal de noticias Runrunes, denunció el jueves 6 de septiembre a través de su cuenta de Twitter que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anuló su pasaporte, a pesar de haber sido prorrogado recientemente hasta el año 2020.

Otro reconocido periodista, Isnardo Bravo fue retenido el 25 de septiembre cuando pretendía tomar un vuelo en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, junto a su hija de 11 años. Al momento de ser detenido en el aeropuerto, funcionarios del organismo de migración y extranjería le retuvieron su pasaporte y le dijeron que tenía una orden de prohibición de salida del país. Bravo fue interrogado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Durante las más de tres horas que permaneció retenido no hubo ninguna información por parte de las autoridades sobre la detención del periodista.

Pero el régimen de Nicolás Maduro no ataca la libertad de prensa solamente dentro de su territorio. El 29 de  septiembre, durante su comparecencia en el 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York,  el guardaespaldas del presidente Nicolás Maduro llamó “feíta” a la periodista venezolana Carla Angola, y luego le dijo “Anda a ayudar al adicto de tu hermano”. Estos ataques verbales frente a la prensa mundial se produjeron tras la incómoda pregunta que realizó Angola al presidente Nicolás Maduro sobre si visitaría a sus sobrinos juzgados por narcotráfico en Nueva York.

Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró que las demandas contra el diario El Nacional y el portal informativo Tal Cual “vienen rodando”, una vez que  la semana pasada dio a conocer que un tribunal falló a su favor por la acción que introdujo también contra La Patilla.

“Yo espero también ganarle la demanda a El Nacional; la semana pasada fui notificado que el tribunal se había pronunciado sobre la demanda que yo introduje contra La Patilla” que en bolívares soberanos al dólar oficial en Venezuela serían unos 32 millones de dólares. “Ahora dicen que Diosdado los está persiguiendo… si ellos no pagan eso, tengo que ir contra lo que ellos tienen. Voy a exigir que ellos paguen”, remarcó, asegurando que  “Cuando La Patilla nos pague los dos mil millones que nos debe, lo primero que vamos a hacer es construir una escuela para niños con necesidades especiales en Upata”

En el año 2015, Cabello introdujo una demanda contra Tal CualEl Nacional y La Patilla, y los directivos de estos medios de comunicación. Lo hizo por la reproducción que hicieron de una información que apareció en el ABC de España, donde un exescolta del dirigente del chavismo lo acusó de liderar un presunto cartel del narcotráfico en Venezuela.

Otra forma de censura a la libertad de prensa es la que ha determinado el equipo de investigación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, el que decidió estudiar portales de contenidos sensibles. Para ello buscó las mismas 53 páginas web casi 700 veces cada una durante cuatro días (del 17 al 22 de agosto), pero sólo fue posible acceder a los contenidos en menos de la mitad de las pruebas como resultado de algún tipo de censura digital. Las conexiones de CANTV, Molvinet, Movistar y Digitel compartieron la misma práctica de bloqueos intermitentes. El bloqueo se observó en el 57.2% de la muestra realizada, que cubrió el 64% del territorio nacional.

Al deterioro que produce la restricción a las libertades en Venezuela se suman las políticas económicas, con una nueva conversión monetaria y su dificultad de cumplir con el pago a los trabajadores. El 03 de septiembre el canal regional Monagas Visión cesó la emisión de su noticiero y liquidó a sus trabajadores, tras no contar con los recursos económicos necesarios para asumir la nueva escala salarial impuesta por el Gobierno Nacional.

El diario El Luchador dejará de circular, tras 60 años de trayectoria, debido a la escasez de materia prima. También saldrá de circulación Tribuna Popular, el periódico del Partido Comunista de Venezuela.

De acuerdo a los datos de IPYS Venezuela, entre enero y agosto de 2018 ocurrieron 40 restricciones de acceso a la información de interés pública en distintas entidades del país. De esta cifra, el poder ejecutivo acumuló 31 violaciones a las libertades informativas, ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Este es el panorama actual de violaciones contra la libertad de expresión y abuso del poder, intimidaciones y limitaciones contra el periodismo en Venezuela que ejerce el régimen de Nicolás Maduro.