Guatemala 7 de junio de 2019

Frank LaRue

Legal and Human Rights Director

Al llegar a Guatemala para participar del proceso electoral  me sorprende encontrar un falso ambiente de normalidad y que en  la medida en que nos acercamos al día de la elección,  todo mundo mantiene el discurso de animar a la participación ciudadana, de fortalecer la institucionalidad electoral, de buscar un ambiente de respeto al voto y de tranquilidad y normalidad, planteando inclusive puntos de agenda o preguntas a las o los candidatos a los diferentes niveles.

Por supuesto, yo creo profundamente en defender la democracia, en fortalecer la institucionalidad del Estado y en garantizar todo desde la participación ciudadana como el factor más importante de esa democracia.  Por eso creo que es importante votar y participar del proceso electoral, que no debemos pensar en el voto nulo como una alternativa, pues no funcionará en las condiciones actuales, y que por supuesto hay que forzar a las y los candidatos a pensar en el futuro del país partiendo del respeto y la protección a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Lo que no soporto es que generemos un ambiente de normalidad y falsa tranquilidad en un proceso que ya ha sido manipulado por el pacto de corruptos y que se está dando en condiciones absolutamente anómalas pues, para empezar, artificiosamente, con falsedades y corrupción del sistema de justicia anularon la participación de la candidata que tenía más del 70% de las simpatías populares.  Esto fue el equivalente a un golpe de estado dentro del proceso electoral.  Por si esto fuera poco, también se detuvo a un candidato presidencial por las autoridades de  Estados Unidos por hacer tratos con el Cartel de Sinaloa, para comprometer al  país con el narcotráfico y eliminar a otros candidatos incluyendo a Thelma Aldana, la candidata que el sistema corrupto de justicia había excluido.

Adicionalmente, el Registro de Ciudadanos del TSE reconoció la inscripción de candidatos que habían obtenido el finiquito de forma ilegal planteando un amparo ante un tribunal de Santa Lucía Cotzumalguapa que no es competente para ese tipo de casos relativos a la Contraloría de Cuentas.  Hoy, esos  casos se encuentran en la indefinición.  Por si fuera poco, después de existir una prohibición para inscribir a candidatos tránsfugas para diputados,  un número cuantioso de diputados actuales han sido inscritos para su reelección.   Estos son los hechos que debemos denunciar, aun cuando no cedamos en nuestro derecho de participación ciudadana y de voto en este proceso electoral.  Participar no debe entenderse como un endoso y aval  de un proceso a todas luces viciado.

Un hecho totalmente insólito e inaceptable es que el gobierno se haya prestado a la movilización de supuestos militares retirados o civiles que dieron servicio al ejército demandando que se les pague una forma de resarcimiento.  Esto es ni más ni menos que una forma de intimidación al pueblo en zonas rurales y de compra de votos dentro de un proceso electoral, por lo que debería ser condenado como financiamiento electoral ilícito por el TSE, con el agravante de que se está haciendo con recursos públicos con recargo a nuestros impuestos a través del Ministerio de Agricultura. El gobierno entregó cuarenta y ocho millones de quetzales (Q.48,000.000.00)  a las exPAC una semana antes de las elecciones con lo cual el partido de gobierno y sus allegados militares ganan el control de ese voto, y por si fuera poco,  el vocero de las exPAC manifiesta que ellos “protegerán las elecciones y que así como hicieron la guerra en el pasado la pueden volver a hacer”.

Otro engaño es querer llamarle “resarcimiento” a este pago.  Resarcimiento  debe ser entendido como “el derecho a la reparación a quienes son víctimas de  graves violaciones de derechos humanos, en particular durante el conflicto armado” y no se puede denominar así a  cualquier pago arbitrario  que decida hacer el gobierno de turno por intereses políticos.  Si el ejército en su momento decidió hacer algún pago a los exPAC es un problema de corrupción, pero en ningún momento debe considerarse resarcimiento, las PAC, sus descendientes o cualquier otro voluntario que tuviera el ejército no son víctimas del conflicto sino más bien fueron utilizados como victimarios para intimidar y sojuzgar a las comunidades  rurales.

Hoy a una semana de la realización de las elecciones tenemos a estos supuestos exPAC y militares retirados realizando concentraciones públicas que son una extorsión hacia el proceso electoral,  vale la pena anotar que el 90% de los hombres que aparecen en las fotos  son demasiado jóvenes para haber participado  en el conflicto armado. Esto constituye financiamiento electoral ilícito y debe ser procesado como tal por el Ministerio Público, a través de la fiscalía de asuntos electorales.  Es precisamente esta Fiscalía que los medios de comunicación  informaron que a una semana de las elecciones se le ha concedido tres meses de vacaciones lo que sorprende dado el mandato.

En este ambiente de desconcierto y frustración para la ciudadanía, al presidente Morales se le ocurre la absurda idea de proponer a Washington que envíe tropas americanas a ubicarse en la frontera para detener a la fuerza a los migrantes guatemaltecos, que literalmente encerrarían al pueblo para no dejarlo moverse.  Si mal no recuerdo, los gobiernos que niegan a sus conciudadanos el derecho de salir, se llaman dictaduras;  qué pronto se le olvidó su tan sonada soberanía que quiso esgrimir con CICIG cuando ésta investigaba corrupción y crimen organizado. Como si esto fuera poco, el Presidente Trump  decide presionar al gobierno mexicano con las negociaciones bilaterales de comercio para que sea México quien ponga efectivos militares en la frontera que detengan las migraciones.

El Tribunal Supremo Electoral tampoco ha sido muy efectivo con estos desafíos y con la implementación de las reformas a la ley electoral, las cuales el CACIF defendiendo sus intereses pretende culpar del caos.  Las reformas a la ley electoral pueden ser mejoradas, pero el espíritu fundamental de las reformas es el de transparentar el proceso especialmente en la parte financiera, y esto se debe defender como absolutamente necesario para una verdadera democracia.

Se debe lograr la total transparencia del financiamiento de partidos, candidatos y campañas.  Se debe mantener la transparencia y respetar la reglamentación del  TSE para mantener la equidad  de la publicidad electoral pagada,  y así  no permitir que el factor determinante de las elecciones sea el dinero.

La amenaza del financiamiento electoral  ilícito es doble, por un lado se puede dar el financiamiento del crimen organizado y por otro  el financiamiento de los poderes económicos que simplemente desean imponer su voluntad con grandes cantidades de dinero que pueden aportar a las campañas, por eso es importante transparentar las finanzas, financiar a los partidos y candidatos es correcto, pero en forma clara, abierta, transparente y en su justa dimensión priorizando la equidad de una elección en un país democrático.  Las reformas a la Ley Electoral, incluyendo las relativas a publicidad electoral pagada,  pueden mejorarse, pero no caigamos en la trampa de permitir que haya quienes quieran eliminarlas planteando que son la causa de la crisis política por la que atravesamos.  Esta crisis política es producto de las maniobras del pacto de corruptos y hay que denunciarlo así, sin dejar de participar en lo que queda del proceso electoral.

El otro dilema de la sociedad civil en este proceso electoral es que al  hacer incidencia y planteamientos ante los actuales candidatos a diputados se pierda de vista que los electos tomarán posesión hasta enero 2020, lo cual permite al actual Congreso hacer una serie de reformas que debiliten la democracia y la justicia tal como sería la ley de amnistía a delitos de lesa humanidad la derogación de las reformas a la Ley Electoral que establecen transparencia en el proceso y todo aquello que beneficie al pacto de corruptos y la impunidad en general, la convocatoria a las comisiones de postulación que nominan candidatos para la próxima Corte Suprema de  Justicia y Salas de Apelaciones, así como   la modificación de r leyes para liberar a quienes se encuentran en procesos que iniciaron el MP y la CICIG.

El desafío es mantener la denuncia de la corrupción y promover una estrategia de futuro para el país.

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