Fundamedios condena las sistemáticas agresiones hacia la prensa en Bolivia

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Desde que se desató la crisis en Bolivia, el pasado 20 de octubre, se reportan distintas agresiones y vulneraciones al trabajo periodístico durante las jornadas de manifestaciones que no han cesado ni tras la renuncia de Evo Morales. Organismos internacionales se han pronunciado frente a la escalada de violencia que pone en riesgo el ejercicio de los trabajadores de la comunicación en medio de una transición en ciernes. 

Desde la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) boliviana se denunció que periodistas de los medios estatales intimidados suspendieron noticieros. También la señal del canal privado Unitel fue interrumpida luego que una turba incendiara las instalaciones con dinamita. Los ataques no han cesado desde hace 22 días. 

La noche del 10 de noviembre, tras la dimisión del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), hubo medios que incluso evitaron imprimir su versión y actualizar los portales por cuestiones de seguridad. Existe un ambiente de autocensura, censura y hostilidad hacia el trabajo de la prensa que debe ser expuesto y rechazado. 

En ese contexto, FUNDAMEDIOS exige el respeto al trabajo periodístico y al derecho de los bolivianos a estar informados. El derecho a la información debe ser garantizado en cualquier circunstancia, así lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

Como organización, abogamos por la restauración de un gobierno democrático. Además, hacemos  un llamado para que la transición se haga sin violencia.

Lo hemos advertido en jornadas anteriores. La situación en Bolivia se agudiza y, con ello, el trabajo de quienes cubren la crisis sociopolítica se complica. Insistimos en la necesidad de frenar el acoso sistemático que impide desarrollar las labores de la prensa, pilares de un sistema democrático.

El libre ejercicio del periodismo está acogido en el segundo principio de la Declaración de Chapultepec, que establece que «toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos». Este instrumento internacional fue firmado por Bolivia en 2002. 

Tal  como lo señaló Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la prensa boliviana debe ser respetada y su trabajo garantizado en horas cruciales por todas las partes, sin distinción de línea editorial. El Estado tiene la obligación de prevenir y proteger el trabajo de la prensa, instruyendo a las fuerzas de seguridad.

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