En su último informe anual, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó un capítulo de 25 hojas a la revisión profunda de la situación de la libertad de prensa y expresión de Estados Unidos, tras cumplirse un año y cuatro meses de la administración de Donald Trump.

En el informe se destaca el discurso estigmatizante del presidente Trump, tanto en apariciones públicas como en redes sociales, hacia diversos medios de comunicación, periodistas y activistas. Ello, ha generado un ambiente de polarización en el escenario mediático y en la ciudadanía.

Un ejemplo de los múltiples hechos de violencia e intimidación, por parte de civiles y funcionarios públicos, contra periodistas y manifestantes durante jornadas de protestas, que registró la Relatoría es el caso del comunicador Aaron Cantu, quien fue acusado bajo cargos de disturbio [riot] y conspiración para el disturbio [conspiracy to rioting] después de ser detenido, mientras cubría una jornada de protesta en Washington.

Otra de las agresiones que resalta el informe es contra el periodista Dan Heyman de Public News Service, quien fue detenido el 9 de mayo en Charleston, Virginia del Oeste, bajo cargos de “alteración intencional de procesos gubernamentales” [willful disruption of governmental processes] luego de realizar en forma reiterada preguntas al Secretario de Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services Secretary], Tom Price, durante un evento sobre la crisis de opioides. Heyman habría sido liberado después de pagar $5 mil de fianza.

En la misma línea, la Relatoría ve con preocupación los recientes esfuerzos, por parte de los gobiernos y el Poder Legislativo de diversos estados para incrementar las penas relacionadas a la protesta social. Un total de 51 iniciativas legislativas fueron impulsadas en distintos estados del país, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017, destinadas a restringir de forma desproporcionada o criminalizar actividades propias del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión. De estas 51 iniciativas legislativas, 8 ya han sido aprobadas por las legislaturas de varios estados.

En 2017, la Relatoría Especial continuó registrando denuncias de detenciones masivas de manifestantes y periodistas desde el inicio de las protestas en oposición al Dakota Access Pipeline. En enero y febrero, cinco comunicadores habrían sido detenidos mientras cubrían o registraban el evento.

Con respecto a declaraciones estigmatizantes, el presidente Trump ha acusado a la prensa, especialmente a medios de comunicación como CNN, The New York Times y The Washington Post, de ser “enemiga del pueblo estadounidense” y de ser una prensa que “no habla para el pueblo sino para los intereses especiales”. En este mismo sentido, ha afirmado que “la prensa deforma a la democracia”, que es “deshonesta”, que “su nivel de deshonestidad está fuera de control”y que publica “fake news” noticias falsas todo el tiempo.

A raíz de esto, instó al Comité de Inteligencia del Senado a investigar a los medios de comunicación en el país por supuestamente difundir “fake news” noticias falsas.

En materia de protección de la libertad de expresión en internet, esta Oficina observó con intranquilidad la decisión adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones [“Federal Communications Commission”] (FCC) de revocar las reglas vigentes de neutralidad de la red, que sentaron un importante precedente regional para la protección del acceso libre y sin discriminación a todos los contenidos en internet. Al revocar las reglas adoptadas en 2015, las empresas de telecomunicaciones y cable pueden retomar prácticas que impedían el acceso libre a internet, como el bloqueo, la relentización y la priorización de contenidos.

Por último, la Relatoría mencionó, como situaciones relevantes, el caso del periodista mexicano Martín Méndez Pineda, quien atravesó la frontera el 05 de febrero como consecuencia de amenazas que habría recibido, debido a su labor periodística en el estado de Guerrero para pedir asilo político en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses no le concedieron asilo y Méndez Pineda estuvo detenido por más de 100 días. El 23 de mayo regresó voluntariamente a México, luego de que las autoridades le negaran su libertad condicional a principios de mayo.

Otro caso similar relata el informe. El 13 de julio, el juez de inmigración en El Paso, estado de Texas, Robert S. Hough, denegó el pedido de asilo del periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto. Después de que el periodista apelara a la decisión, el 16 de noviembre el juez rechazó la apelación y Soto fue informado por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos [U.S. Immigration and Customs Enforcement] de que planeaban deportarle. Soto presentó una solicitud de detención de remoción [stay of removal] y todavía aguarda la aprobación de la misma.

En ese sentido, la Relatoría Especial ha analizado diversos casos de periodistas de origen árabe detenidos, interrogados y registrados por autoridades migratorias al entrar en el país, lo que podría estar directamente relacionado con las nuevas políticas migratorias impulsadas por el actual régimen.

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