El pasado 12 de agosto, los periodistas Óscar Castilla, director Ejecutivo de Ojo Público y Edmundo Cruz, del rotativo La República, asistieron a la audiencia del 5 Juzgado Penal de Lima para conocer los alegatos finales por el caso ‘Eteco’ relacionado con lavado de dinero del narcotráfico, en el que el empresario Miguel Arévalo Ramírez los acusa por difamación.
Desde Perú, Castillo comentó a FUNDAMEDIOS que este es solo una de las cuatro demandas que Arévalo puso en su contra y que juntas sumarían un monto por reparación civil de más de 400 millones de dólares. “Es un valor exorbitante. Lo que más nos preocupa es que estas demandas se alejan del que venimos realizando y eso nos silencia”, aseveró.
En la audiencia, Carlos Rivera, abogado de los periodistas, le explicó a la jueza que los artículos periodísticos que revelaron las pesquisas de la DEA de EE.UU. y la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Perú en contra de Arévalo, están basados en documentos oficiales que, además, constituyen información de interés público. “La libertad de expresión en el Perú está bajo amenaza. El demandante está tratando de instrumentalizar a la justicia para reprimir al periodismo libre e independiente, que en este caso cumplió con protocolos de verificación rigurosos para trasladar información oficial a la sociedad. Los reportajes son de interés público porque revelan hechos política y socialmente importantes”, aseguró el jurista.
Arévalo se presentó como un perseguido por los medios de prensa. Responsabilizó nuevamente a los periodistas por las investigaciones sobre narcotráfico enmarcadas en el contexto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, en el 2016. Incluso apuntó con el dedo a uno de los periodistas para intimidarlo.
El fallo final en este caso se emitirá en las próximas semanas. Los periodistas solicitan el sobreseimiento del proceso, pero en caso de que la jueza acepte la demanda, la pena por difamación según Castilla contempla una pena de tres a seis años. “Esperamos que la jueza actúe en el margen de la ley, pues no es posible que se condene nuestro trabajo. La sociedad tiene derecho a informarse”, puntualizó.