Sectores cercanos al kichnerismo crearon un tribunal ético integrado principalmente por el constitucionalista Eduardo Barcesat (Argentina), entre otros, cuyo objetivo es investigar la conducta de jueces, fiscales y periodistas que indagaron en casos de corrupción que involucran a dirigentes como Cristina Fernández (Argentina), Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador).
Hasta el momento se conoce que el tribunal sesionará en Madrid y la “sentencia” de los casos se conocerá en noviembre de 2020. Investigará, en Argentina, al juez Claudio Bonadio y a periodistas como Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul.
El abogado Barcesat aseguró a medios argentinos que la idea del tribunal es difundir y revelar los mecanismos e intereses de “lawfare” que, a su criterio, es una práctica perversa que genera la muerte civil de quienes son víctimas de procesos judiciales. Por ejemplo, presidentes que, tras ser acusados con “poco sustento” en casos de corrupción, no pueden postularse nuevamente para elecciones; o casos de persecución política.
Fundamedios contactó al periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, quien considera que la medida coarta el trabajo de la prensa. “Tengo un derecho constitucional para ejercer el periodismo y, como periodista, tengo que rendir cuentas únicamente ante la justicia argentina. Crear un tribunal ético con figuras autoconvocadas es una medida parecida a un tribunal de la inquisición (…) Como dijo el constitucionalista argentino Daniel Sabsay, esto es una parodia para tratar las causas por corrupción que enfrentan exfuncionarios kirchneristas en Argentina y otros en países de América”.
El ganador del Maria Moors Cabot (2004) -que otorga la Universidad de Columbia- desconoce cuáles serían las piezas periodísticas por las cuales se le podría investigar, pues el anuncio de la creación del tribunal es reciente y la información escueta. Pero sí mencionó que no reconocerá a ninguna instancia que no sea legalmente constituida para juzgar.
El argentino, quien en agosto de 2019 fue procesado por “coacción y extorsión en grado de tentativa” dentro del caso que lo vincula, supuestamente, con una banda de espionaje liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, fue enfático al señalar que el kirchnerismo ha cambiado la definición de la palabra “lawfare” a su beneficio cuando el término se utilizó por primera vez en la primera década del siglo XXI para cuestionar la utilización de las instancias judiciales internacionales para proteger los Derechos Humanos, por parte del bando más débil en una guerra.
César Ricaurte, director de Fundamedios, dijo a Clarín que «la creación de un tribunal ético adhoc de expresidentes latinoamericanos acusados de corrupción es un siniestro intento de obstaculizar o interferir en la justicia de varios países, pues trata de deslegitimar procesos legales abiertos como es el caso «Sobornos», en Ecuador, donde se ha detectado más de 180 pruebas sobre la existencia de una extensa organización delictiva en el Estado ecuatoriano dirigida desde el mismo Palacio de Gobierno por el propio Rafael Correa».
El tribunal también estará conformado por Renata Avila, William Bourdon, Herta DÄubler-Gmlin, Gabriel Chamorro, Valeska Teixeira y Ayo Obe.