Daniel Santoro, periodista de El Clarín, fue procesado por “coacción y extorsión en grado de tentativa”, dentro del caso que lo vincula, supuestamente, con una banda de espionaje liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos, lo procesó sin prisión preventiva.
El mismo Tribunal ordenó el embargo de bienes del comunicador hasta cubrir la suma de 3.000.000 pesos argentinos (66.000 USD). Además, le impide ausentarse de su residencia por un plazo no superior a los 10 días sin antes notificar a un tribunal.
«Daniel Santoro tenía conocimiento de que sus acciones y aportes estaban concatenados con una maniobra ilícita previa, concomitante y/o posterior de espionaje, extorsión o coacción», argumentó el juez Ramos, quien lleva la causa.
En repetidas ocasiones, Daniel Santoro ha negado su participación en esta asociación ilícita. De hecho, ha asegurado que parte del oficio del periodista es contactar a sus fuentes y esto no significa que tengan relación alguna más allá del ámbito profesional, refiriéndose a la comunicación establecida con D’Alessio vía telefónica.
FUNDAMEDIOS se une al pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que rechaza la criminalización de la investigación periodística. «Los periodistas, como todos los demás ciudadanos, estamos alcanzados por el principio de igualdad ante la ley y podemos ser investigados y enjuiciados cuando seamos parte de acciones ilícitas. Sin embargo, el uso del derecho penal para amedrentar a periodistas, limitar el ejercicio de su libertad de expresión y de su actividad profesional es una práctica frecuente en distintas partes del mundo y también en nuestro país», señala el documento.