El pasado 9 de agosto, Gilmar Mender, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, emitió una resolución que impide a las autoridades de ese país investigar al periodista estadounidense Glenn Greenwald. El fallo además protege la reserva de sus fuentes.
Greenwald es cofundador del portal investigativo, The Intercept Brasil. El portal ha estado publicando una serie de reportajes basados en mensajes de Telegram filtrados en los cuales los fiscales de Curitiba del caso Lava Jato y el juez Sérgio Moro, habrían conspirado para llevar a la cárcel al expresidente Lula Da Silva y apartar a jueces hostiles a la causa. Moro es actualmente ministro de Justicia en la administración al presidente Jair Bolsonaro y otros personajes públicos, lo que le ha generado una crítica muy frontal hacia su trabajo. De hecho, el Primer Mandatario lo ha amenazado con llevarlo a la cárcel por publicar supuestas “falsedades”.
Los ataques de Bolsonaro responden específicamente a la publicación de varios chats de Moro, cuando se desempeñaba como juez, y los fiscales del caso Lava Jato que llevaron adelante uno de los mayores escándalos de corrupción, que terminó con la encarcelación del expresidente Lula da Silva.
En los chats, Moro aconseja a los fiscales cómo se debe llevar a cabo el proceso judicial, algo que está prohibido por la legislación de ese país. Tanto Moro, como el equipo de fiscales del Caso Lava Jato (cuyas implicaciones abarcan todo el Continente) han negado las acusaciones y han hablado de manipulación y falsificación de los mensajes.
El fallo judicial ha generado reacciones positivas de organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión. Por ejemplo, el Comité de Protección de Periodistas señaló en un comunicado que la decisión del juez «refuerza el principio de la confidencialidad de fuentes, que es de importancia suprema para la protección de una prensa libre».
Desde Fundamedios consideramos que la decisión de la justicia brasileña va en la línea correcta de proteger las fuentes periodísticas y con ello garantiza el ejercicio de la libertad de prensa en el país y de los ciudadanos a informarse.