El pasado domingo 21 de abril, se hizo público un fallo judicial que atenta contra la operación del medio digital peruano Ojo Público, su director ejecutivo, Óscar Castilla; y el periodista Edmundo Cruz, de diario la República. El lunes 22 de abril, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y más de 50 organizaciones de América Latina rechazaron mediante un pronunciamiento la decisión del Poder Judicial de ordenar el embargo de los bienes de Ojo-Publico.com y de los periodistas.
“Las personas y organizaciones que firmamos este comunicado exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en previsión del artículo 25 de su Reglamento, y al Poder Judicial de Perú, la revisión inmediata de este caso y, de ser necesario, se adopten todas las medidas legales y cautelares que eviten cualquier daño al patrimonio e integridad del medio y sus periodistas”, reza el comunicado.
La medida fue dispuesta en el marco de una denuncia por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez, conocido como ‘Eteco’, quien hace 13 años fue investigado por la fiscalía antidrogas en Perú. En las investigaciones relacionan a Arévalo con mafias del narcotráfico y fue admitida el 4 de febrero por el 15 Juzgado Penal de Lima. Según Ojo Público, la denuncia fue planteada por publicar en 2016 informes sobre las investigaciones del Ministerio Público, la Policía y la DEA que involucran a Arévalo.
El Comercio Perú informó que el fallo emitido por el Juzgado Penal de Lima dispone la comparecencia y embargo preventivo de los bienes de Ojo Público y de los periodistas. “ El proceso mismo de este caso se ha dado de manera irregular, con documentos y fallos sin firma de la jueza titular y sin notificar de la demanda a los periodistas implicados”, relato El Comercio.
Reportajes de Ojo Público revelaron los vínculos de Arévalo con políticos cercanos al partido de Keiko Fujimori, quien actualmente se encuentra recluida en el establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos tras un mandato de prisión preventiva de tres años por supuestos cargos de lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. Según el medio, Arévalo ha interpuesto denuncias similares contra más de 10 periodistas de investigación, medios y funcionarios en los últimos dos años.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó a Ojo Público que “hace dos años, cuando celebramos el Día Internacional de la Libertad de Prensa en Lima, reiteramos nuestro llamado para que los jueces penales sean más rigurosos al examinar y aceptar demandas contra periodistas, ya que también a estas se les utiliza para frenar investigaciones periodísticas sobre corrupción y otros delitos”.
FUNDAMEDIOS USA se une a las decenas de organizaciones que exigen se adopten todas las medidas legales para evitar cualquier tipo de ataque a Ojo Público y a los periodistas involucrados. Hacemos un llamado a organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos para asegurar la seguridad del medio y los periodistas, pues se trata de atentado a la libertad de prensa en Perú.