Desde la irrupción de protestas ciudadanas contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo el 19 de abril hasta la fecha, organismos internacionales registran más de 300 víctimas mortales.

FUNDAMEDIOS USA condenó en Estados Unidos el asesinato con un disparo en la cabeza del periodista Miguel Ángel Gahona, en Bluefields ocurrido el 21 de abril mientras transmitía vía Facebook Live un enfrentamiento entre manifestantes contra la reforma a la seguridad social y policías.  

Desde el mes de abril los periodistas nicaragüenses registran toda clase de acoso, obstrucción de sus labores periodísticas, persecución, amenazas, detenciones ilegales y robo de equipos, con un claro fin de evitar la cobertura y difusión de las marchas contra Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, señaló que “los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que los periodistas y reporteros gráficos han sido golpeados por grupos de choque orteguistas. Para el 25 de abril, La Prensa de Nicaragua ya reportó varios ataques contra periodistas que cubrían las protestas:

Del medio Onda Local, Julio César López fue golpeado en la cabeza por vándalos motorizados, lo que le causó pérdida momentánea de la memoria.

Un equipo de Confidencial, Carlos Herrera y Néstor Arce, fueron agredidos por miembros de la Juventud Sandinista. El fotoreportero Alfredo Zúñiga fue agredido en la cabeza.

El reportero gráfico Wilmer López, de La Prensa, también fue agredido por miembros de la Juventud Sandinista.

El fotoreportero Uriel Molina, también de La Prensa, fue golpeado y asaltado por las turbas orteguistas que ingresaron a la Catedral de Managua para agredir a los jóvenes que se refugiaron ahí el 20 de abril. Este medio registra robo de equipos valorados en más de 4.000 dólares

La periodista Ivette Munguía fue golpeada por una policía, quien la despojó de su teléfono celular con el cual grababa la represión policial contra jóvenes que protestaban en los alrededores de la Universidad Politécnica (UPOLI) el 21 de abril.

Los periodistas Salomón Manzanares y Alvaro Navarro, del medio digital Artículo 66, sufrieron detenciones en León. Un equipo de 100% Noticias fue víctima del robo de una cámara mientras cubría la manifestación de la Juventud Sandinista.

Asimismo, un equipo de la Agencia EFE, compuesto por el fotógrafo Jorge Torres y la camarógrafa Reneé Lucía Ramos, fueron agredidos por la Policía Nacional cuando cubrían el ataque de los antimotines y paramilitares a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el 28 de mayo.

Al menos cinco canales privados salieron del aire cuando transmitían información sobre las protestas. Los canales, 15, 12, 23, 51 y 100% Noticias.  La CIDH señala que una orden oficial para retirar canales de televisión del aire, “de ser confirmada, constituiría una forma de censura y atentaría contra el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de alta relevancia pública”.

El 25 de mayo del 2018, sujetos a bordo de una camioneta blanca advirtieron a trabajadores de Radio Corporación sobre consecuencias por lo que informaban, luego de que reportaron sobre los ataques de turbas orteguistas en diferentes zonas del país.

En junio, la corresponsal de Radio Corporación Yelba López denunció a FUNDAMEDIOS USA la concentración de las frecuencias radiales de Nicaragua en manos del orteguismo, con lo cual las marchas contra el régimen no son reportadas en la mayor parte del espectro radial.

Al 10 de julio, continuaron las denuncias de agresiones y el robo de destrucción de material y equipos de periodistas por parte de encapuchados en Diriamba, 42 kilómetros al Sur de Managua.

FUNDAMEDIOS USA condena y exige el cese inmediato de los ataques a periodistas en Nicaragua, quienes por su actividad de informar resultan víctimas de la represión oficial y exhorta a los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos a unir esfuerzos por no dejar en la impunidad el asesinato de Miguel Angel Gahona.