Fiscales federales incautaron años de registros en correos electrónicos y llamadas telefónicas a la reportera del diario The New York Times, Ali Watkins, en lo que se estima como el primer atentado a la libertad de prensa de la administración Trump en cuanto a la
privacidad de comunicaciones de un periodista.

El comunicado del diario neoyorquino condena esta “indignante extralimitación” y levanta la preocupación sobre el efecto de disuasión que produzca en los periodistas y su habilidad para reportar el accionar gubernamental.

El Departamento de Justicia investiga el caso de un ex asistente del Comité de Inteligencia del Senado, James A. Wolfe, de quien se sospecha ha filtrado información clasificada a los periodistas. Wolfe ha negado bajo juramento haber filtrado documentos clasificados a
periodistas, y por ahora ha sido acusado solamente de levantar falso testimonio al FBI.

El Departamento de Justicia aumentó las investigaciones a los periodistas y sus fuentes bajo la administración del ex Presidente Barack Obama, y se esperaba que bajo la administración Trump esto continuase. El Presidente Donald Trump ha denominado a Wolfe como “un filtrador muy importante” y ha manifestado ser “un gran creyente en la libertad de prensa, pero también un creyente de la no filtración de documentación clasificada”.

Watkins y Wolfe mantuvieron tres años de comunicaciones, lo cual llamó la atención de los fiscales, que observaron artículos de Watkins en sus anteriores medios laborales como Político y BuzzFeed News, en donde Watkins publicó en 2017 el intento de espías rusos de reclutar a un ex colaborador de Trump en el 2013.

En febrero, Watkins recibió una carta del Departamento de Justicia informándole que registros de dos cuentas de correo electrónico personales y de su número telefónico habían sido incautadas. A pesar de que el Departamento de Justicia informó a Watkins no haber obtenido el contenido de sus registros pero sí la información de quién recibió o envió información, obtener registros de periodistas sin su permiso es considerado bajo la Primera Enmienda como una forma agresiva de intromisión gubernamental, que pone en peligro inclusive la vida de sus fuentes informativas.

FUNDAMEDIOS US hace un llamado a velar por el respeto al libre ejercicio del periodismo, el derecho a la protección de sus fuentes, y el derecho a los ciudadanos de no sufrir requisas ni incautaciones sin causa probable sustentada bajo juramento o afirmación, especialmente, sin descripción exacta del objetivo a ser requisado y de las personas
u objetos a ser incautados.