Fundamedios exige debido proceso en caso Ola Bini

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El desarrollador de software libre de nacionalidad sueca, Ola Bini, fue detenido el pasado 13 de abril, después de que se dictara orden de prisión preventiva y una instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Al experto en criptografía, residente en Ecuador hace cinco años, se le acusa de ser colaborador de Julian Assange y de presuntas actividades ilícitas relacionadas con Wikileaks.

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), los indicios para iniciar la diligencia en su contra son equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, libros relacionados con hackeo electrónico y dinero. En ese contexto, ante las irregularidades que se exponen en el proceso de arresto y prisión preventiva, FUNDAMEDIOS, consciente de su responsabilidad en la defensa de la libertad de expresión a través de todo medio, incluido Internet, desea dejar sentado que es importante revisar la detención de Ola Bini, por las siguientes razones:

Los estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecen en sus principios rectores “la relevancia de Internet como plataforma para el goce y ejercicio de Derechos Humanos está directamente vinculada con la arquitectura de la red y los principios que la rigen, entre ellos el principio de apertura, descentralización y neutralidad”.

De acuerdo a dichos principios, “si bien la protección de datos personales constituye un objetivo legítimo, en ningún momento puede ser invocada para limitar o restringir la circulación de información de interés público, sobre funcionarios o personas públicas, o candidatos en el ejercicio de sus funciones, o que involucran violaciones de Derechos Humanos”.

Es factible conducir una investigación sobre cualquiera que, ilegalmente, intercepte comunicaciones de organismos estatales; pero esta no puede estar motivada por la sencilla inferencia de estar relacionada con Julian Assange y, por lo tanto, propiciar un arresto. Esto implicaría asumir que los medios de comunicación internacionales (The New York Times, The Guardian, The Washington Post) que -en el marco de la libertad de expresión y de prensa- utilizaron la información de Wikileaks, iniciada en 2006, contribuyeron a desestabilizar gobiernos. Lo cual resulta inaceptable.

Wikileaks puede resultar molesto para varios Estados, pero es precisamente el derecho de publicar y editar información el que representa el ejercicio de la libertad de expresión.

La investigación iniciada en Ecuador puede continuar, pero manteniendo los criterios del debido proceso. Mientras dure la indagación, el investigado debe gozar de libertad condicional, pues su detención puede resultar arbitraria.

El proceso debe determinar si hubo o no un acto ilícito de penetración ilegal del sistema informático del Estado. Por lo tanto, FUNDAMEDIOS exige a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y al Gobierno ecuatoriano garantizar el derecho al debido proceso de Ola Bini, así como su inmediata liberación.

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