El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la organización Hagamos Democracia han perdido el estatus legal para trabajar por decisión de la  Asamblea Nacional de Nicaragua, que las acusa de promover eventos que desestabilizan al país.  La clausura de estas dos organizaciones se suma a las acciones autoritarias del régimen de Daniel Ortega, en contra de organizaciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y medios de comunicación, y reducen cada vez más los pocos espacios que le quedan a la población nicaragüense para denunciar ante el mundo la cada vez más crítica situación que se vive en el país.

La represión en Nicaragua se mantiene desde el 19 de abril 2018  cuando comenzaron las movilizaciones de protesta. Desde entonces ha sido sistemática la persecución, incautación de equipos de trabajo, intimidación y  encarcelamiento de quienes critican al gobierno. A la muerte del periodista Ángel Gahona del noticiero El Meridiano, sucedida en abril, se suman el incendio de Radio YA, y las agresiones a los periodistas Luis Sánchez Sancho, de La Prensa; Miguel Mora, del canal 100% Noticias; Gustavo Jarquín, de radio Corporación; Álvaro Montalván, de radio Mi Voz; Aníbal Toruño, de radio Darío; Eddy López, corresponsal de La Prensa en León, entre otros.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización civil que trabaja por la defensa y consolidación de la libertad de expresión e información emitió el informe  “Nicaragua: Seis meses de crisis sociopolítica; días grises para el periodismo independiente” en el que señala que entre el 20 de octubre y el  3 de diciembre la organización documentó 77 violaciones a la libertad de expresión. Desde que iniciaron las protestas el 18 de abril de este año se contabilizan un total de 497.

Fundamedios USA expresa su profunda preocupación por el silenciamiento de las voces independientes que defienden la democracia en Nicaragua y se une al clamor de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Reporteros Sin Fronteras, WOLA, así como a las organizaciones de la diáspora nicaragüense en su lucha por la libertad de expresión y seguridad de los activistas de derechos humanos y de nuestros colegas periodistas en Nicaragua