Disposición que entra en vigencia el 18 de octubre viola derechos de expresión y privacidad

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se dispone a extender su sistema de registros para poder recopilar datos de cualquier inmigrante en EEUU incluyendo a residentes permanentes y ciudadanos naturalizados, a partir de sus perfiles de redes sociales y resultados de búsqueda en Internet.

La nueva política, publicada en el Federal Register y que permite al Gobierno de Estados Unidos vigilar los perfiles de Twitter o Facebook de cualquier inmigrante, entrará en vigor el 18 de octubre. La medida involucra a residentes  permanentes que hayan obtenido una Green Card (tarjeta de residencia) como también a ciudadanos naturalizados, por lo que esta disposición afectará de manera directa a todas las personas que mantengan contacto en las redes sociales con esos migrantes.  

Según las nuevas normas para la vigilancia en redes sociales, el Gobierno ampliará sus registros con información pública disponible en Internet, de conformidad con los acuerdos de intercambio de información a los que se encuentre suscrito el usuario. Lo que podría referirse a acuerdos con las compañías tecnológicas y los proveedores nacionales de Internet.

El antecedente a esta nueva política de Gobierno, comenzó en mayo cuando el régimen de Trump aprobó un nuevo cuestionario para los solicitantes de visas, en el cual se pedía acceso a sus cuentas en redes sociales en los últimos cinco años, así como información biográfica de los últimos 15 años.

La nueva política no sólo permitirá que el DHS recopile información sobre las cuentas de un inmigrante en Twitter, Instagram y Facebook, sino que también se menciona que utilizaría todos los “resultados de búsqueda”. No está claro si eso significa que la agencia tendrá acceso a herramientas extra como la búsqueda en Google u otros motores de búsqueda. Tampoco se menciona cómo se obtendría la información, aunque se conoce que las agencias de inteligencia y espionaje del Gobierno cuentan con sistemas altamente sofisticados para obtener dicha información, incluso con la colaboración de Google y Facebook.

La nueva política incluye 12 puntos.  El punto 11 indica que actualizará las categorías de fuentes de registro para incluir información pública, disponible y obtenida de Internet como: registros públicos, instituciones públicas, entrevistados, proveedores de datos comerciales e información adquirida y divulgada bajo acuerdos de intercambio de información. Es necesario destacar que el término “acuerdos de intercambio de información” no está definido en la política. Esto, genera ambigüedad y deja un amplio alcance en el uso de la información que se obtenga.

Está política de Gobierno deja abierta la posibilidad de si los chats (conversaciones privadas entre usuarios) estarían sujetos a vigilancia, ya que es otra manera de recolectar información. Lo que tendría un impacto dramático en cada persona que interactúe con inmigrantes de los EE.UU., pues al parecer todas sus conversaciones en los medios sociales estarían sujetas a vigilancia.

Otro punto preocupantes es el 5, que se refiere a la ampliación de las categorías de registros para incluir la siguiente información: país de nacionalidad, país de residencia, el número de cuenta en línea, manejadores de medios sociales, alias, información identificable asociada y resultados de búsqueda. Tales datos estarían disponibles en el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Esta  nueva ley, desde su entrada en vigencia, viola de manera flagrante los derechos humanos internacionales a la intimidad y a la libertad de expresión. Las herramientas de vigilancia masiva pondrían censurar las comunicaciones por Internet de toda la población, no sólo de migrantes y residentes. Esta información pone también en riesgo la seguridad de los usuarios, ya que se desconoce el fin que las autoridades del Gobierno de Estado Unidos van a dar a la información obtenida. Por lo tanto, el uso que se le vaya a dar a dicha información no resulta confiable.

Estas acciones establecen una forma de castigar la libertad de expresión en línea, interfieren con la privacidad y la protección de datos, ya que presentan cierta limitación de acceso a internet. Ante ello, se generará una auto restricción de los usuarios al momento compartir información. Estas acciones constituyen una violación de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de las personas, establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lamentablemente, las restricciones a la libertad de expresión y de la libre circulación de la información en internet es una tendencia mundial, señaló el director de Fundamedios, César Ricaurte. Los Derechos Humanos son inherentes a toda persona y la Declaración Universal de los Derechos Humanos los reconoce como universales, inalienables e indivisibles. Resulta vital, que bajo la luz de las resoluciones del Consejo de DDHH de la ONU y varios de los Comités y Relatorías del Sistema, la Declaración Universal sean el fundamento para que todos los estados respeten, protejan y promuevan los Derechos Humanos en línea y en el mundo real con nuevas tecnologías como internet, que es usada por millones de personas en todo el mundo.