Dagmar Thiel

La orden de deportación para el periodista Emilio Gutiérrez Soto podría emitirse el próximo 22 de octubre y con ello, él y su hijo Oscar, tendrían que regresar a México, el país más violento para ejercer el periodismo de América Latina. En lo que va del año ya son 11 los periodistas que han sido asesinados; desde el año 2000, suman casi 120 profesionales del periodismo silenciados y víctimas de muertes violentas.

Emilio Gutiérrez y su hijo han salvado su vida en Estados Unidos desde 2008, pero este 22 de octubre se definirá su suerte y lo hará el juez del estado de Texas, conocido por tener el menor récord de aprobación de casos de asilo de la frontera. Según Eduardo Beckett, abogado de Gutiérrez, “solo el 2% de los casos de asilo que pasan por sus manos han sido aprobados.” ¿Qué esperanzas tiene este comunicador de salvarse de la guillotina cuando se ha negado como prueba las 200 páginas traducidas al inglés de sus artículos con denuncias por corrupción por los cuales fue perseguido en su país de origen? Qué imparcialidad se espera de la justicia cuando se pone en tela de duda que quien pide asilo es un periodista, pero no se permite la comparecencia de testimonios como el de Linette Clemenston, directora del Wallace House programa académico para periodistas de la Universidad de Michigan, donde Gutiérrez Soto ha recibido una beca Knight-Wallace

El National Press Club, desde Washington, eleva la voz de alarma. Su presidenta, Andrea Edney, hizo un ferviente llamado a la vigilia a las 19 organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de Derechos Humanos que han manifestado su preocupación por este caso desde el inicio. Edney no ha dudado en manifestar que éste no será un “juicio imparcial” y pide que todos observen de cerca al juez, un exabogado de ICE quién, según manifestó Edney, habría dicho que “no leyó ni leerá ningún documento adicional.”

Las amenazas que sufren los periodistas en el continente centran la preocupación de la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP), que abordará el tema de manera especial en su 74 Asamblea General. Para su presidente, Gustavo Mohme, la indefensión de los periodistas se agrava debido a “la impunidad que suele rodear las agresiones y los asesinatos en más del 90% de los casos.”  México ha sido ranqueado en el puesto 147 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Denegar el asilo a un periodista y deportarlo a México es una sentencia de muerte.

Según información publicada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), y recogida en la publicación Animal Político, “En México, 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje crítico que incomodó a alguien. Mientras que el 77% ha sido objeto de acoso; el 65% sufrió amenazas, el 34% padeció violencia física, y el 29% fue privado de su libertad. De hecho, el 90% de los periodistas creen que se encuentran en mayor riesgo que el resto de la población mexicana solo por ejercer su trabajo”.

Estas estadísticas de la violencia en México lejos de haber disminuido desde 2012, cuando se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se han incrementado. Lo que ha descendido drásticamente han sido los recursos del fideicomiso para financiar el programa. El Consejo Consultivo del Mecanismo sufrió en el 2016 un recorte del 77% en su presupuesto. Knight Center for Journalism in the Americas reportó que “Esta omisión gubernamental pone en riesgo la vida e integridad física y emocional de cientos de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas que vieron truncada su labor luego de agresiones físicas, intento de asesinato, amenazas de muerte, campañas de difamación, desaparición, homicidios, feminicidios, entre otros tipos de agresión, provenientes de diversos actores.”

 En septiembre de este año ya se agotó el presupuesto para proteger a las 702 personas amparadas por el Mecanismo, por lo que el Consejo debió hacer un llamado urgente al gobierno mexicano para la asignación de fondos que le permita operar. Pero, si bien este sistema es una especie de escudo, 150 personas han manifestado haber sido agredidas a pesar de estar protegidas. Y en demasiadas ocasiones la policía, que debe acudir ante el llamado de los botones de pánico instados, ha llegado solamente a hacer el levantamiento del cadáver.

Como señaló Lucía Lagunes de Comunicación e Información de la Mujer, los 75 millones de pesos mexicanos asignados para llegar a finales de año “no resuelve el problema de fondo. El Estado debe garantizar que periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos puedan hacer su trabajo sin jugarse la vida”.

Emilio Gutiérrez Soto se jugó la vida cuando en el estado de Chihuahua denunció que un grupo de militares habían robado dinero de migrantes. Por sus reportajes fue convocado ante un general quien le dijo que “había escrito ya tres estupideces, que no le perdonarían una  cuarta.” A las amenazas se sumaron varios registros de su casa. Las intimidaciones contra su familia aumentaron hasta que decidió huir de México. ¿Cómo podría confiar él en la protección de un estado cuando son los mismos miembros corruptos de este estado quienes lo persiguen? Su historia la escribe en el Columbia Journalism Review, donde Emilio reconoce que por su trabajo perdió su “herencia, su familia, a la mujer que amaba, su comunidad y su patria”. Salió con su hijo Oscar y ambos han pasado por las cárceles de inmigración en Texas.

Faltan pocos días para que se defina la suerte de los dos; la decisión de un juez puede hacer la diferencia. La comunidad periodística en Estados Unidos y Latinoamérica tiene los ojos puestos en este caso. El otorgamiento del asilo político haría honor a los más altos postulados de los principios fundamentales de esta nación: el respeto a la vida, a la libertad y al pensamiento.

Fuente Foto: Democracy Now